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La morosidad en el transporte en Abril se situó en 85 días

Fenadismer publica los resultados actualizados del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España correspondiente al mes de Abril de 2017

Los plazos de pago se sitúan en 85 días de media, incumpliendo la Ley de morosidad un 71% de los clientes transportistas.

Como se recordará, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) puso en marcha el mes de Julio de 2012 el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, con la finalidad de conocer mensualmente la evolución de las formas y plazos de pago en nuestro sector, y en consecuencia verificar el grado de cumplimiento de la vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales, la cual establece que el plazo máximo de pago será de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un máximo de 60 días si así lo establecen las partes.

Para la obtención de los resultados del Observatorio, FENADISMER en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte lleva a cabo una encuesta muestral de carácter continuo bajo los siguientes parámetros:

Ámbito poblacional: empresas transportistas titulares de vehículos pesados de servicio público de ámbito nacional.
Ámbito temporal: encuesta permanente mediante procesado de carácter mensual.
Diseño muestral: en torno a 800 empresas transportistas.
Información solicitada: modalidades de pago y plazos de pago que perciben las empresas transportistas.

En relación a la encuesta llevada a cabo en el mes de Abril de 2017, los resultados obtenidos son los siguientes:

Modalidades de pago: el medio de pago preferido por los clientes de los transportistas es en primer lugar el confirming (42%), seguido del pagaré (32%), de la transferencia (26%), y el cheque (<1%). Plazos de pago: el 71% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente en materia de morosidad al superar el plazo máximo de 60 días a contar desde la realización del servicio, habiéndose producido una ligerísima disminución respecto al mes anterior en el grado de incumplimiento de los plazos de pago, ya que se situó en 85 días de media en Abril, frente a los 86 días de media en Marzo. Durante el año 2016, el plazo medio de pago anual se situó en 85 días de media.

Ciudadanos registra en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para establecer un régimen sancionador contra la morosidad.
Se cumple así una histórica reivindicación de Fenadismer y las restantes organizaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

Como se recordará, en la Cumbre Político-Empresarial organizada por FENADISMER y las restantes organizaciones que componen la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el pasado 20 de Abril, bajo el lema “Cumplimiento de las promesas electorales en materia de morosidad”, los representantes de los diferentes grupos políticos se comprometieron a aprobar con carácter inmediato un régimen sancionador que corrija dichas prácticas abusivas. Así, en concreto, el Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció durante la Cumbre que su Grupo Parlamentario presentaría con carácter inmediato un Proyecto de Ley de lucha contra la morosidad, contemplando un código sancionador con el objetivo de proteger al pequeño empresario frente a la imposición y abusos de sus pagadores, principalmente empresas y Administraciones Públicas.

En base a dicho compromiso adquirido, este martes 9 de Mayo, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, para su trámite parlamentario. El objetivo de dicha Ley es, según el portavoz de Economía de Ciudadanos “acabar con la impunidad y el abuso que sufren pymes y autónomos para financiar a las grandes empresas o a la Administración Pública a costa de los pequeños”.

Cabe recordar que tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo en todo caso que el plazo de pago máximo supere los 60 días. Sin embargo, en la práctica la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en dichos plazos, ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de dicha ley. Así, en el sector del transporte por carretera, conforme a los datos extraídos del Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora FENADISMER, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, se evidencia que en torno a un 70% de los clientes de los transportistas incumplen la ley de morosidad, habiéndose situado el plazo medio de pago en 2016 en 85 días.

Como recoge la Proposición de Ley en su exposición de motivos, la morosidad en España es el doble que en la Unión Europea, lo que ha permitido que durante años “las grandes empresas se hayan financiado a costa de las pequeñas y medianas, las cuales han tenido que cerrar porque no les pagaban”, como ha señalado el Portavoz de Ciudadanos.

Para lucha contra dicha lacra, la Proposición de Ley establece un régimen sancionador, con el objetivo de disuadir el incumplimiento de los plazos máximos de pago establecidos por la ley otc cialis. Además, para reforzar su aplicación, la ley contempla un mecanismo de arbitraje para agilizar los pagos, así como un sistema obligatorio de publicación de los datos de tiempos de pago y un observatorio de seguimiento de la implementación de esta ley.

En este sentido, FENADISMER y las restantes organizaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad han valorado positivamente la Proposición de ley presentada, al incluir las principales reivindicaciones de la Plataforma, aunque tratarán de introducir mejoras en su contenido durante su tramitación parlamentaria. Por ello, confiamos que, en base al compromiso adquirido por los restantes Grupos Políticos durante la Cumbre (PP, PSOE, PODEMOS, ERC y PDECAT) apoyen dicha iniciativa legal, esperando que la Ley sea aprobada antes de final de año.